La
reforma constitucional definió y separó los roles del fiscal y del juez, pues
el primero tiene a su cargo la obligación de perseguir el delito y el segundo
la de defender los derechos de los investigados, de las víctimas y de la
sociedad.
Así,
en desarrollo de las normas constitucionales que introdujeron a nuestro país el
sistema penal acusatorio, el Congreso de la República profirió las Leyes 813 de
2003, 882, 890 de 2004 (Código Penal) y 906 de 2004 (Código de Procedimiento
Penal), según las cuales el proceso penal cambió de estructura jurídica.
Si
tuviera que escogerse una imagen representativa del cambio que produjo el
Sistema Acusatorio en el país es que ahora en los despachos penales ya no se
ven montañas de expedientes. Pero esta solo es una de las numerosas
manifestaciones de cambio y reorientación procesal que se dio en nuestro país,
originada desde la expedición del Acto Legislativo 03 de 2002, el cual consagró
constitucionalmente el Sistema Acusatorio en Colombia, con lo cual Colombia se
unió a otros países latinoamericanos que antaño acogieron este sistema de
estirpe anglosajona.
Desde
todo punto de vista, tanto procedimental como administrativo y político, el
Sistema Acusatorio es totalmente diferente al Sistema Mixto con énfasis
inquisitivo que predominó en Colombia durante muchos años. El diseño legal
dispuesto a lo largo del nuevo Código de Procedimiento Penal, Ley 906 de 2004,
generó los parámetros generales sobre los cuales la Sala Administrativa del
Consejo Superior de la Judicatura diseñó e implementó los nuevos modelos de gestión
y su oferta de despachos judiciales con atención en la especialidad penal.
NUEVAS COMPETENCIAS, MÁS JUZGADOS
El
primer referente por tener en cuenta es el cambio de las competencias. La Ley
906 de 2004 modificó significativamente las competencias, lo cual producirá indefectiblemente
un aumento en las cargas laborales en los juzgados municipales. Los cambios de
competencias que incidirán, y que en efecto incidieron en la oferta de justicia
penal existente en el 2004, se analizan a continuación:
Se observa cómo a los Juzgados Municipales el
legislador les aumentó las competencias frente a las que tenían asignadas en la
Ley 906 de 2004. El aspecto notorio es sin duda la asignación de la función de
control de garantías a estos despachos, ya que esta labor eminentemente
garantista es vital para el Sistema Acusatorio, pues sobre estos jueces pesan
decisiones importantes en materia de la constitucionalidad y la legalidad de
las actuaciones de la Fiscalía que afecten derechos fundamentales. El Juez
Municipal es el Juez Constitucional del nuevo proceso penal. Estos jueces
también decidirán sobre las peticiones de la Defensa y sobre peticiones
importantes de política criminal como la aplicación del principio de
oportunidad, otro esquema legal novedoso en nuestro país.
A
la par con el aumento de competencias, ninguna les fue sustraída a los
despachos municipales. En el caso de los juzgados del circuito, por el
contrario, las competencias tuvieron la tendencia a disminuir en lugar de
aumentar, como en los municipales. Estos simples cambios legales de competencia
ya produjeron un cambio en la oferta de juzgados en relación con el 2004
HACIA UNA JUSTICIA PENAL DESCENTRALIZADA Y DE
ATENCIÓN CONTINUA
El
Sistema Acusatorio tiene como una de sus vértebras la función del control de
garantías. Si el sistema antiguo se caracterizaba por otorgarle a la Fiscalía,
el ente investigador por excelencia, atribuciones judiciales relacionadas con
la afectación de derechos fundamentales como la libertad y la intimidad, el
nuevo Sistema Acusatorio modifica radicalmente estos roles y les asigna a los jueces
municipales la decisión sobre estos aspectos. La mayoría de estas decisiones,
por disposición legal, se deben proferir en 36 horas contadas a partir de la
petición o de la realización efectiva de las mismas. El Código, en consecuencia
con lo anterior, estableció dos tipos de control: el previo y el posterior.
Para unos y otros, las funciones que antes eran tramitadas y decididas por los fiscales
pasan ahora a manos de los jueces municipales, lo que implica consecuentemente
que el servicio de justicia para el cabal cumplimiento de esta función requiere
jueces las 24 horas del día todos los días, incluyendo fines de semana y
festivos.
En
virtud de lo anterior, se implementaron en Bogotá y el Eje Cafetero turnos de
servicio judicial de forma continua; en el caso de Bogotá, se descentralizaron
los jueces y ahora se pueden encontrar en Bogotá jueces todo el tiempo en 5
puntos diferentes de la ciudad, con lo cual se da un paso importante en la
descentralización de la justicia, lo cual amplía los canales de acceso de los
usuarios.
En
Paloquemao se atiendan tanto audiencias preliminares como de conocimiento,
mientras que en los cuatro centros restantes la función se concentra en las
audiencias preliminares, cuyo trámite es prioritario. En el Eje Cafetero
también se implementó el sistema de atención continua, pero graduando los turnos,
a diferencia de Bogotá, a causa de las cargas laborales más bajas que existen
en estos distritos.
Otra
novedad en la justicia penal es la clasificación hecha para los juzgados
municipales: ahora se clasifican en juzgados con función de control de
garantías y con funciones de conocimiento. Este esquema contribuye a varios
propósitos: (i) la especialización de los jueces constitucionales de procesos,
(ii) la atención oportuna del control de garantías, (iii) evitar que se crucen
las agendas de unos y otros jueces por la disposición de los tiempos, y (iv) que
se generen impedimentos entre unos y otros.
FUNCIÓN DE CONOCIMIENTO
Con
un total de 52 despachos judiciales, distribuidos en tres sedes (Tribunal,
Juzgados Penales de Circuito Especializados y Juzgados Penales Municipales y de
Circuito), se atiende en esta primera fase la función de conocimiento dentro de
la nueva estructura del proceso penal. Para el caso de la Sala Penal del
Tribunal Superior de Bogotá y de los Juzgados Penales de Circuito
Especializados, se decidió un esquema en el cual se atienden los procesos y causas
correspondientes al sistema penal acusatorio y el correspondiente a la Ley 600
(causas antiguas).
De
igual manera, para el conocimiento de los asuntos de competencia de jueces
penales y municipales, se organizó la prestación del servicio de administración
de justicia en el complejo judicial de Paloquemao.
FUNCIONES JUDICIALES Y FUNCIONES
ADMINISTRATIVAS
Con
la implementación del Sistema Acusatorio se profundizaron algunas reformas
estructurales que ya se gestaban desde hace años en Colombia: la separación
funcional y espacial de las labores esencialmente jurisdiccionales de las
administrativas.
En
las ciudades de Bogotá, Armenia, Manizales y Pereira se ajustaron las plantas
de personal de los juzgados penales; en el caso de Bogotá, se creó un gran
Centro de Servicios Judiciales para la atención exclusiva de los procedimientos
administrativos del Sistema Acusatorio.
Antes,
los juzgados estaban conformados por el Juez y seis empleados, ahora son el
Juez y tres empleados, ya que la oralidad y la inmediación probatoria abolieron
las antiguas formas de trabajo relacionadas con lo escrito. Con los empleados
salientes se conformó un gran Centro de Servicios Judiciales con una nueva
estructura, diferente de la de la Oficina Judicial, encabezada por un Juez Coordinador,
que centraliza decisiones importantes de avance procesal.
Funciones
novedosas que desempeñan los Centros de Servicios Judiciales son: (i) el manejo
del archivo tecnológico que viene a reemplazar el expediente, (ii) la administración
de salas de audiencia, que implica la correcta grabación audiovisual de las
audiencias y la coordinación de las agendas
de los jueces para la asignación de audiencias y casos, (iii) la atención al
usuario, que es necesaria en todo proceso que pretenda ser público y
democrático, y (iv) las comunicaciones, que abarca notificaciones y citaciones,
las cuales poco a poco se efectuarán a través de la tecnología.
Todo
este esquema de gestión judicial, de ajuste a los modelos de trabajo, de
descentralización y permanencia de la justicia y de depuración se implementará
también para los próximos distritos que ingresarán gradualmente al nuevo
Sistema Acusatorio.
DEPURACIÓN DE CAUSAS DE LA LEY
600 DE 2000
La
transición del Sistema Penal anterior al Acusatorio fue contemplada de manera
gradual de acuerdo con dos criterios fundamentales: el territorial y el temporal.
Así, la Ley 906 dispuso que en el 2005 solo iniciarían con el nuevo Sistema los
distritos de Bogotá, Armenia, Manizales y Pereira y, para el criterio temporal,
se contempló que el procedimiento acusatorio sólo se aplicaría para los delitos
cometidos con posterioridad al primero de enero de 2005.
Este
diseño de la transición ocasionó que se adoptara una política de depuración, ya
que, a diferencia de otras reformas pasadas, el Sistema no entró en vigencia
plenamente para todos los distritos judiciales y para todos los hechos sin que
contara un corte en el tiempo. La depuración consiste en tramitar y fallar
hechos delictivos bajo el procedimiento anterior, mientras simultáneamente se investigan
y juzgan otros con el nuevo Sistema: así, en los cuatro distritos que iniciaron
en enero del 2005, se tramitan y fallan simultáneamente casos con el
procedimiento de la Ley 600 de 2000 y otros con la Ley 906 de 2004.
La
estrategia de depuración consiste en lograr que los dos sistemas funcionen
paralelamente de manera adecuada, sin que uno desajuste la función del otro.
Para lograr este reto, las estrategias adoptadas y en curso consisten en:
- • Crear Juzgados de depuración
- • Asignación de competencias simultáneas a los jueces
- • Redistribución de procesos
Estas
estrategias se aplicaron de manera diferente de acuerdo con el contexto de
oferta y demanda de justicia penal, ya que no es lo mismo manejar ambos
sistemas penales en Bogotá, la ciudad con mayor oferta y demanda de justicia en
todo el país, a hacerlo en un municipio como Marquetalia, en el Distrito de
Manizales.
Fuente:
Rama Judicial
Leonor Otero.
Leonor Otero.